Los alcaldes de Jimena de la Frontera, San Martín del Tesorillo, Castellar de la Frontera, Casares y Gaucín insisten a la Junta de Andalucía en una moratoria a los proyectos de plantas fotovoltaicas

Los alcaldes se han reunido esta tarde en Sevilla con responsables de la Consejería de Presidencia para volver a reclamar que el gobierno andaluz regule la implantación de instalaciones de energías renovables de modo que no perjudique el desarrollo sostenible de sus municipios.

Tras la reunión del pasado 1 de julio en la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, los alcaldes de los cinco municipios, Fran Gómez de Jimena, José Carrasco de Casares, Pedro Godino de Gaucín, Jesús Fernández de Tesorillo y Adrián Vaca de Castellar, han mantenido esta tarde un segundo encuentro con los responsables de la Consejería de Presidencia, el Comisionado del Cambio Climático y la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía.

Una ronda de encuentro en las que los alcaldes continúan reclamando que se paralicen los proyectos de instalación de plantas fotovoltaicas en las 5 localidades, hasta que se apruebe una regulación autonómica que garantice la compatibilidad de la implantación de estas instalaciones de energías renovables con un desarrollo sostenible de sus municipios.

Ante el gran número de proyectos que se están tramitando para la instalación de plantas fotovoltaicas en sus municipios, este consejo de alcaldes está tratando de buscar soluciones para que la instalación de las plantas de energías renovables se realice de forma sostenible y planificada, para que no tenga un gran impacto paisajísticos o medioambiental, ni perjudique el desarrollo de sectores económicos como el agrícola o turístico.

Por lo que, cada uno de los consistorios está trabajando para regular en el ámbito local la implantación de este tipo de instalaciones en sus municipios, como el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera que ha aprobado recientemente en pleno el inicio para la regulación municipal de estos proyectos. Y, al mismo tiempo, continúan solicitando el apoyo en las administraciones supramunicipales que son las competentes para tramitar estos proyectos, y las que tienen la última palabra.