El Consejo de Alcaldes reclama una planificación que ordene los proyectos energéticos de nuestra comarca
La Diputación de Cádiz ofrece asistencia técnica a la Mancomunidad y a los ocho ayuntamientos que la conforman.
Bajo la presidencia de Juan Lozano y con la participación de la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García y los alcaldes de Gaucín y Casares, el Consejo Comarcal de Alcaldes ha analizado la preocupación social existente en los municipios del Campo de Gibraltar ante la problemática generada por la implantación en la comarca de proyectos fotovoltaicos, la instalación de subestaciones eléctricas, así como en relación al trazado de líneas de evacuación de la energía producida.
Los miembros del Consejo Comarcal han acordado reclamar a la Junta de Andalucía la adopción de una planificación estratégica que permita determinar las ubicaciones de los proyectos fotovoltaicos de forma que se garantice la compatibilidad de la implantación de los mismos con el desarrollo de cada uno de los municipios campogibraltareños.
Así mismo, el Consejo Comarcal ha mantenido que la implantación de los proyectos debe ser equilibrada, asumible por los municipios y debe suponer beneficios para la comarca. Igualmente, el Consejo ha exigido a la Junta de Andalucía la articulación de mecanismos o de normativa actual que regule dichas implantaciones en el territorio, evitando con ello emplazamientos masivos que supongan perjuicios y limitaciones en el desarrollo de los municipios, tanto en los aspectos turísticos como medioambientales, agrícolas y sociales.
En este sentido, la Diputación Provincial de Cádiz ha ofrecido asistencia técnica a la Mancomunidad y a los ocho ayuntamientos que la conforman.
El Consejo de Alcaldes ha mostrado su preocupación por la intención de Red Eléctrica Española de aprobar varios proyectos para la implantación de subestaciones eléctricas en los municipios de la comarca, proyectos que podrían afectar las posibilidades de desarrollo que tienen actualmente los municipios del Campo de Gibraltar. En este sentido, el Consejo de Alcaldes considera que se deben abrir otras posibles alternativas negociadas con los ayuntamientos afectados.
